Por: Victor Manuel Pérez, director de la revista digital Intertextual.
«Las dictaduras no nacen el día que el dictador anuncia que no habrá elecciones. Nacen cuando las instituciones dejan de poder impedirlo.»
Daniel Ortega ya no pretende disimular. Su afirmación de que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» no constituye el inicio de una nueva etapa, sino la confesión pública de un proceso que lleva años consolidándose. El anuncio realizado durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista representa, más que un cambio de régimen, el abandono definitivo de cualquier apariencia democrática. La pregunta ya no es si ¿Nicaragua vive una dictadura?; la pregunta es ¿por qué el mundo continúa reaccionando como si todavía existiera un margen para la duda?.
La historia ofrece una amarga ironía. La Revolución Popular Sandinista de 1979 nació con la promesa de derribar una dictadura familiar. Miles de nicaragüenses entregaron su vida convencidos de que combatían el autoritarismo de la familia Somoza para construir una República basada en la justicia social, la participación política y la soberanía popular. Cuarenta y siete años después, el país vuelve a estar gobernado por una familia que concentra el poder político, controla las instituciones, elimina la competencia electoral y convierte la lealtad partidaria en requisito para ejercer derechos.
No es casualidad que muchos antiguos comandantes, intelectuales y militantes históricos del sandinismo hayan terminado denunciando al propio Ortega. El escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez advirtió hace años que el sandinismo fue sustituido por un proyecto personalista. La exguerrillera Dora María Téllez ha sostenido que el régimen «secuestró la revolución» y destruyó sus principios democráticos. Para el sociólogo Óscar René Vargas, Nicaragua dejó hace tiempo de ser un sistema híbrido para convertirse en una dictadura patrimonial donde el Estado sirve a una familia y no a la ciudadanía. Sus diagnósticos, formulados mucho antes del discurso del 19 de julio de 2026, hoy parecen menos advertencias que descripciones precisas de la realidad.
La democracia nicaragüense no murió de un solo golpe. Fue desmantelada pieza por pieza.
El primer paso consistió en controlar el Poder Electoral y el Poder Judicial que lo logró con la reforma constitucional del 2011, donde quienes ahora se jactan de opositores votaron para que el dictador fuera reelecto las veces que quisiera. Más tarde, la subordinación de la Policía Nacional al convertirse en el Jefe Supremo de la Policía Nacional de Nicaragua y del Ejército consolidó un aparato estatal incapaz de ejercer controles independientes. La persecución contra organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación y periodistas terminó por cerrar los espacios de crítica.
Las protestas de abril de 2018 marcaron un punto de no retorno. La respuesta estatal dejó más de 350 personas asesinadas solo ese año como lo documentó la Comusión Interamericana de Derechos Humanos, miles de heridas y decenas de miles obligadas al exilio, según organismos internacionales de derechos humanos. Desde entonces, el régimen convirtió la excepción en norma: encarceló a aspirantes presidenciales en 2021, canceló partidos políticos, ilegalizó a más de 6 mil organizaciones sociales, retiró nacionalidades de más de 400 personas, confiscó bienes y expulsó a voces críticas incluyendo religiosos.
Cuando llegaron las elecciones de 2021, el resultado ya estaba decidido antes de abrir las urnas porque prácticamente todos los posibles competidores habían sido encarcelados, exiliados o inhabilitados, pero aún así se documentó que más del 80 porciento de la población no salió a votar, según los datos de Urnas Abiertas.
En ese contexto, afirmar ahora que «no volverá a haber elecciones» únicamente elimina la última ficción. Ortega ya no necesita construir legitimidad mediante procesos electorales cuestionados; simplemente declara que la alternancia política deja de existir y por supuesto de ahorra unos cuantos millones para su bolsa enriquecida sin trabajo más que de la política.
Sin embargo, el fenómeno más preocupante trasciende la figura de Daniel Ortega. Lo verdaderamente alarmante es la institucionalización de un proyecto familiar. Rosario Murillo dejó de ser únicamente la portavoz gubernamental para convertirse en copresidenta mediante reformas constitucionales impulsadas por un Parlamento completamente subordinado al Ejecutivo, figura que no se la asemeja a ninguna en el mundo moderno, pues algunos me podrán decir «Bosnia lo hace», pero no, no se le asemeja en lo absoluto pues representan los tres regiones distintas y es por un contexto religioso y cultural, no es una dictadura familiar, «San Marino es también un gobierno múltiple», pero que cambia cada seis meses nombrados por la asamblea, no por su esposo.
El mensaje resulta inequívoco: el poder deja de pertenecer formalmente a la República para identificarse con una familia política. El país asiste a la consolidación de un modelo dinástico que recuerda precisamente aquello que la revolución prometió erradicar.
La tragedia nicaragüense también interpela a Centroamérica.
Durante años, los gobiernos vecinos han condenado verbalmente los abusos mientras reducen progresivamente el costo político que enfrenta Managua. Las declaraciones diplomáticas han sido insuficientes frente al desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. La región parece haberse acostumbrado a convivir con una dictadura como si se tratara de un problema exclusivamente interno.
Costa Rica representa el ejemplo más evidente de esa contradicción. Durante décadas construyó una política exterior basada en la defensa de la democracia y los derechos humanos, convirtiéndose además en el principal refugio para cientos de miles de personas nicaragüenses desplazadas por la persecución política. Sin embargo, los cambios recientes en el discurso político y en la relación bilateral reflejan una postura más ambigua. Las tensiones comerciales, las prioridades migratorias y los intereses de seguridad han desplazado progresivamente el énfasis en la defensa activa de los principios democráticos. Mientras el país recibe las consecuencias humanitarias del exilio —presión sobre servicios públicos, sistemas de refugio y mercado laboral—, la respuesta regional continúa sin construir una estrategia coordinada que atienda las causas profundas del desplazamiento.
Esta pasividad tiene consecuencias. Cada día que una dictadura consolida su permanencia aumenta el flujo migratorio, se fortalece el crimen transnacional, se debilitan los mecanismos regionales de protección y se envía un mensaje peligroso a otros gobiernos: la concentración absoluta del poder puede normalizarse si el costo internacional resulta suficientemente bajo.
Quizá el mayor fraude histórico no sea electoral, sino simbólico.
La revolución que prometió liberar a Nicaragua terminó reproduciendo las prácticas que juró combatir. En nombre del antiimperialismo se destruyó el pluralismo. En nombre de la soberanía se persiguió a quienes pensaban distinto. En nombre del pueblo se silenció al propio pueblo. La memoria de quienes lucharon contra Somoza merece una pregunta incómoda: ¿cómo pudo un proyecto nacido para derrotar una dinastía terminar devorándose a sí misma y construyendo otra?
Por eso el discurso de Ortega no inaugura una nueva dictadura. Solo confirma, sin máscaras, lo que durante años quedó demostrado mediante la represión, el exilio, las cárceles políticas y el control absoluto de las instituciones.
No inicia una dictadura dinástica.
Simplemente deja de fingir que no lo era.
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