Por Ronald Solano Jiménez
- Fiscalía descartó vínculo con estructura criminal.
- INCOPESCA mantiene acciones para apartarlo del puesto.
8 de mayo de 2026. Un funcionario de apellidos Ramos Loría, vinculado inicialmente a una investigación por presuntos nexos con el llamado “Cártel del Caribe Sur”, continúa enfrentando un proceso administrativo dentro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), pese a que autoridades judiciales descartaron que exista relación entre él y la organización criminal investigada.
La situación quedó reflejada en nuevas gestiones presentadas tras la Resolución 004-2026, emitida el 5 de marzo de 2026.
El caso se remonta al 4 de noviembre de 2025, cuando autoridades judiciales ejecutaron un amplio operativo contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas en la zona del Caribe Sur.
Durante ese operativo se realizaron decenas de allanamientos y múltiples detenciones en el marco de una investigación por delincuencia organizada. En ese contexto, el nombre de Ramos Loría apareció dentro de las pesquisas debido a su cargo como funcionario de INCOPESCA en la Oficina Regional Huetar Caribe, en Limón.
De acuerdo con el recurso presentado por el abogado del funcionario, el MSc. Jorge Jiménez Aguilar, la propia jurisdicción penal determinó que los hechos atribuidos a Ramos Loría no guardan relación con la organización criminal investigada, lo que habría debilitado el motivo original del procedimiento administrativo iniciado por la institución.
El documento indica además que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada determinó que el caso no corresponde a ese ámbito penal y que no existen medidas cautelares ni acusación penal contra el funcionario.
Pese a lo anterior, el proceso administrativo dentro de INCOPESCA continúa. Según el recurso interpuesto por la defensa, la institución incluso recomendó trasladar al funcionario a otra sede fuera de la Oficina Regional Huetar Caribe, medida que el abogado califica como una acción punitiva encubierta.
La defensa sostiene que el traslado sería una forma de apartarlo de su puesto original, aun cuando el procedimiento disciplinario se encuentra condicionado al resultado de la investigación penal.
El caso continúa abierto en la vía administrativa. Mientras la investigación judicial no establece cargos contra el funcionario, la disputa se centra ahora en si la institución puede mantener medidas laborales o intentar removerlo del puesto, pese a que el motivo inicial del procedimiento —su supuesta relación con una estructura criminal— habría sido descartado por las autoridades judiciales.
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